Más de medio millón de trabajadores por cuenta propia ejercen hoy en Cuba, tras el relanzamiento de esta modalidad de
empleo en 2010. De limitarnos a las cifras, no cabrían dudas sobre su solidez
en el último lustro, pues de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, los ingresos del sector privado a la economía nacional el
pasado año superaron los dos mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, en la práctica persisten vacíos como para juzgar
óptima la realidad actual. La política crediticia implementada por el Banco
Central en busca de un mayor acercamiento a las nuevas fuerzas productivas,
junto a la inclusión de los derechos de los cuentapropistas en el Código de
Trabajo, ni siquiera se aproximan a la demanda más urgente.
El mercado
mayorista figura aún como punta de lanza en los reclamos, sin encontrar un
pronunciamiento al respecto. ¿Acaso será un capricho o la garantía de un
desarrollo creíble? Los llamados trabajadores no estatales carecen de una
estructura que les asegure un suministro estable de las materias primas para su
actividad. Eso los obliga a comprar en los establecimientos de la red minorista
de Comercio, allí donde también esperan satisfacer sus necesidades básicas
—¡básicas dista de negocio!— el resto de los ciudadanos.
Por supuesto, los rangos y
objetivos de compra resultan proporcionalmente distintos. Mientras una madre
paga por un kilogramo de harina para empanizar unos pescados, hacer unas pocas
croquetas o regalar una panetela a su hijo; el elaborador alimentos—conocedor
de la escasez de ese producto en las tiendas— desembolsa una gran cantidad de
dinero y se lleva a casa uno o dos sacos de harina para echar “palante” su
pequeña pizzería. El otro sujeto en cola, digamos un maestro, no alcanza trigo.
Si quiere harina, deberá comprarse una pizza.
Hasta aquí hablamos de un
comportamiento “normal”, según lo establecido. En el ámbito de lo anormal o
ilícito, las consecuencias exceden con holgura la “simple” afectación al
consumidor común. El habitual desabastecimiento, unido al elevado precio de los
insumos, funden un trampolín hacia la corrupción que, no obstante, tiene algo
de respaldo en los mecanismos tributarios: el cuentapropista solo justifica en
la declaración jurada del 10 al 50 por ciento de los gastos.
La medida deviene sostén de
una circunstancia arbitraria. Únicamente las tiendas que operan en la doble
moneda (CUP y CUC) emiten comprobantes de compra. Por tanto, de conseguir en
los Mercados de Artículos Industriales o Mercados Ideal buena parte de la
mercancía requerida, no existe una forma definida para confirmar dicha
inversión. Si la hago o no, ¿qué importa? Queda a libre albedrío.
Entonces, ¿cuál sería la
dimensión exacta de la apertura de un mercado mayorista para el trabajador no
estatal? ¿Beneficios o superbeneficios? Para la investigadora cubana Geydis
Elena Fundora Nevot, su creación, además de favorecer “la obtención de materias
primas e instrumentos de trabajo, por vía legal, y a precios diferenciados del
mercado minorista (…), contribuiría a la disminución del mercado negro y el
robo en instituciones.
“Así —continúa la
especialista—se pudiera regular una política de competencia y establecer un
sistema de precios topados, de manera que los cuentapropistas tuvieran que
bajar los precios con el fin de potenciar la demanda interna (…), lo que
incrementaría sus ganancias y, por consiguiente, los fondos estatales. Ello
permitiría una mejor redistribución de los ingresos”.
Claro, nada parece tan fácil
como se pinta. La aparición del mercado mayorista depende también de la
capacidad del país para sostener la demanda de un sector pujante. Aunque, de
pensar en cuánto ganaríamos, tal vez hiciéramos un poquito más en lugar de
regodearnos en cifras todavía mínimas. La pelota es redonda y viene en caja
cuadrada, pero esa circunstancia no tiene por qué ceñir el crecimiento del
cuentapropismo a un juego de nueve innings, por mucho que nos apasione el
béisbol.
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