Nació jorobado el mercado mayorista

Tras mucho rogar, el mercado mayorista para las nuevas formas de gestión no estatal vio la luz hace poco en el contexto económico cubano, aunque  la algarabía por las recientes rebajas de precio le restó protagonismo a su nacimiento. Pero les digo algo: nació jorobado, defectuoso, porque de otro modo el grueso de los cuentapropistas tuvieran acceso, y no lo tienen.
Así lo establece la Resolución No. 61 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), en vigor desde el pasado 2 de mayo, al incluir solo a las cooperativas no agropecuarias del sector y a los trabajadores por cuenta propia en arrendamiento como los únicos autorizados a desarrollar relaciones con entidades productoras y comercializadoras.

La medida supone algunos pasitos hacia adelante respecto al vacío anterior, pese a dejar en el ambiente varias especulaciones sobre el porqué de su restricción, toda vez que existen en el país más de medio millón de cubanos involucrados en negocios privados, con un aporte aproximado del ocho por ciento a los ingresos del presupuesto nacional.

Si focalizamos su impacto en Cienfuegos sería prácticamente nulo, pues salvo algunos locales arrendados de la gastronomía y los servicios, el Grupo de Comercio en la provincia solo cuenta con una cooperativa no agropecuaria (la cafetería Pinos Altos) y, de ponernos serios, debiéramos anotar también la ineficacia del sistema de arrendamiento en zonas intricadas, al punto de quedar paralizado durante algún tiempo.

A quiénes favorecen entonces genera incertidumbre. Honestamente, pienso que hablar de la acción del mercado mayorista aquí resulta cuando menos un eufemismo, sobre todo porque la mayoría real, los emprendedores, continuarán sirviéndose de la red minorista de comercio y, además, restándole posibilidades de compra al trabajador estatal.

La complejidad del tema toca fondo en la opinión de internautas en nuestros medios oficiales, al considerarlo un intento de obstaculizar el paso al emergente sector por cuenta propia, incentivando a los empleados de Comercio a apostar por el arrendamiento o cooperativismo, e incluso, a contratar a quienes lo deseen en esas formas de gestión, donde los “dueños” carecen de propiedad sobre el inmueble. De ser así, tal enfoque entraría en contradicción con la propia pretensión del gobierno de despojarse de aquellos encargos que clasifican como no fundamentales.

Por supuesto, el contexto político juega su rol, dado el interés de la administración de Barack Obama de empoderar la privatización en el archipiélago con el propósito de frustrar el proyecto socialista cubano, sin olvidar la capacidad, improbable, de nuestro sistema empresarial para garantizar un volumen superior de suministros.   

Otro punto nebuloso implica la expresada voluntad — según el periódico Granma—de que el mercado mayorista “no solo despejará de inciertos los canales de acceso a los suministros, sino que las relaciones costo-beneficio serán otras, y por ende, la especulación de precios que tanto afecta a la población deberá ir en descenso, o al menos variar en términos de protección al consumidor”.

Una afirmación de ese tipo no cabe siquiera en el marco de lo legislado en la Resolución No. 124 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), que faculta a las formas no estatales para fijar precios bajo el principio de oferta y demanda, aun cuando las cooperativas tengan ahora la posibilidad de adquirir materias primas para su actividad con un descuento del 20 por ciento del monto minorista, siempre que cubra todos los costos, gastos y compromisos tributarios. De forma excepcional, puede el Consejo de Administración Provincial (CAP), conciliar el tope de precios previo acuerdo con la cooperativa. O sea: la desregulación persiste. Y tampoco habrá una solución inmediata al mercado negro que deriva de los establecimientos del Estado.

No obstante, casi seis años después de la apertura al emprendimiento económico, al menos se crea una estructura llamada mercado mayorista.

Algo es algo, diría un amigo mío.